La Noticia - The Spanish-Language Newspaper

Una vez más surge la esperanza para estudiantes, hijos de inmigrantes indocumentados, que quieren estudiar en la universidad. Cuando el DREAM Act falló en el Congreso hace algunas semanas, el futuro para nuestros indocumentados graduados de las escuelas secundarias parecía sombrío. Con la ley que requiere que paguen matrículas como estudiantes fuera del estado y prohibiéndoles que reciban ayuda financiera del gobierno, pocos estudiantes pueden asistir a la universidad.

En el Sistema de Universidades de Carolina del Norte, un residente del estado paga $5,340 en matrícula y cuotas, mientras que los estudiantes fuera del estado, pagan casi $21,000. En un instituto universitario como el Central Piedmont Community College, un estudiante a tiempo completo que sea residente del estado paga un máximo de $1,344 por año. Un estudiante fuera del estado paga $7,465 por la misma carga académica. Y estos pagos no incluyen todos los otros gastos como libros, computadoras, transporte y comida. La universidad está fuera del alcance de estudiantes brillantes, simplemente porque fueron traídos aquí cuando eran niños.

Ahora hay una buena noticia. La UNC Comisión del Mañana conformada por líderes en el ramo de la educación, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro, se reunieron a principios de año para determinar cómo la Universidad puede dirigir de mejor manera la economía del estado y las necesidades sociales en el futuro. El panel acaba de dar a conocer sus resultados. Uno de ellos fue: “La UNC debe mejorar los logros académicos de los grupos que están menos representados, especialmente de hombres afroamericanos y los estudiantes latinos”.

La comisión dijo que la universidad debiera “investigar y determinar el impacto social y económico en el estado y el potencial costo para los contribuyentes de Carolina del Norte, de proporcionar una educación universitaria accesible a estudiantes indocumentados, comparada con el costo de no educarlos”. Esta semana, Erskine Bowles, presidente del Sistema de Universidades de Carolina del Norte, dijo que la Junta de Governantes de la universidad examinará si los indocumentados graduados de escuelas secundarias debieran pagar la matrícula de estudiante residente del estado.

Bowles no ha dado ninguna indicación de qué camino tomará esta evaluación. “Haremos esta investigación”, dijo después de que la comisión lanzara su informe. “Hasta que no hayamos terminado con la investigación, no haremos ninguna recomendación a favor o en contra de esta propuesta”.

Pero estamos motivados. El Sr. Bowles ha manifestado su opinión acerca de las leyes de inmigración de la nación. Aquí están sólo un par de cosas que ha dicho:
“Estos indocumentados graduados de escuelas públicas de Carolina del Norte, fueron traídos por sus padres cuando estaban pequeños. No creo que se deba castigar al niño por el pecado de los padres”.

“Yo creo que el gobierno federal enfrenta el problema de la inmigración ilegal, sobre todo la educación de niños indocumentados, de una manera completamente ilógica. Dado que la ley federal asigna como mandato, que ningún estado puede negar educación gratuita de kinder a décimo segundo grado a niños sin documentos, no tiene sentido que la ley federal realice un retroceso acerca de si debiéramos ofrecer a estos mismos estudiantes acceso a educación universitaria. Carolina del Norte no puede aceptar este tipo de retroceso. Tenemos que tener una fuerza de trabajo altamente educada para competir en una economía global basada en el conocimiento”.

Parece como si la población latina pudiera tener un aliado en el Sr. Bowles. El ha reconocido que los latinos son la población de más rápido crecimiento en nuestro estado. Reconoce que serán una parte importante de la presente y futura mano de obra del estado. Ha indicado que “sin educación, se convertirán en una carga para la sociedad. Con educación, tienen la oportunidad de ser miembros productivos de nuestras comunidades”.

Todo lo que tenemos que analizar es cuánto nos cuesta educar a un indocumentado, comparado con el costo social de no educarlo. Tenemos esperanza de que la influencia del Sr. Bowles, ayudará a que el sistema universitario de Carolina del Norte vea luz y permita a los estudiantes indocumentados, pagar tarifas como estudiantes que viven en el estado.

Let's not leave any student behind

There’s hope once again for the college prospects of the children of undocumented immigrants. When the DREAM Act failed to pass in Congress a few weeks ago, the future for our Latino undocumented high school graduates looked bleak. With the law requiring them to pay out-of-state tuition and forbidding them from receiving any financial aid, few students can afford to go to college.

In the University of North Carolina system, a state resident pays $5,340 in tuition and fees, while out-of-state tuition is almost $21,000. For a community college, like Central Piedmont, in-state students pay a maximum of $1,344 a year for a full load. But out-of-state students must pay $7,465 for the same course load. And these fees don’t include all the other countless costs of an education, from books and computers to transportation and meals. College has been out of the question for many of our best and brightest, simply because they were brought to this country as minors.

Now there is some good news here in North Carolina. The UNC Tomorrow Commission, a group of state business, education, government, and nonprofit leaders, was convened earlier this year to determine how the University can best meet the state’s economic and societal needs in the future. The panel just released its findings. One of them was: “UNC should improve the educational attainment of underrepresented groups, especially African American males and Latino students.”

The commission said the university should “research and assess the economic and social impact on the state and the potential cost to N.C. taxpayers of providing an affordable college education to undocumented students, versus the ongoing costs to the economy and well-being of North Carolina that result from the lack of higher educational attainment among undocumented students.” This week Erskine Bowles, president of the University of North Carolina System, said that the University’s Board of Governors will examine whether undocumented high school graduates should be able to pay in-state tuition rates.

Bowles has made a point of not giving any indication which way such an assessment might go. “We will do this research,” he said after the Commission released its report. “Until that research is finished, we will not make any recommendation for or against this proposal.”

But we are encouraged. Mr. Bowles has been vocal in his opinion about this nation’s immigration laws. Here are just a couple of things he has been quoted on:
“These undocumented graduates of our North Carolina public schools were brought here as minors by their parents. I do not believe that you should punish the child for the sins of the parent.”

“The federal government compounds the problem of illegal immigration by taking what I believe is a completely illogical approach to educating undocumented children. Given that federal law mandates that no state can deny a free K-12 education to undocumented children, it makes no sense that federal law takes a complete dive on whether we should offer these same children access to public higher education. North Carolina cannot afford to take that kind of dive. We have to have a highly educated workforce to compete in a knowledge-based global economy.”

It seems as though the Latino population may have an ally in Mr. Bowles. He has acknowledged that Latinos are the fastest-growing population in our state. He recognizes that they will be a large part of the state’s future workforce. He has stated that “Without education, they will become a drain on society. With education, they have a chance to be productive members of our communities.”

This is what it comes down to: the cost of educating the undocumented versus the cost of not educating them. We are hopeful that Mr. Bowles’ influence will help the N.C. University System see the light and permit undocumented students to pay in-state tuition rates.





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					No dejemos que ningún estudiante se quede atrás Una vez más surge la esperanza para estudiantes, hijos de inmigrantes indocumentados, que quieren estudiar en la universidad. Cuando el DREAM Act falló en el Congreso hace algunas semanas, el futuro para nuestros indocumentados graduados de las escuelas secundarias parecía sombrío. Con la ley que requiere que paguen matrículas como estudiantes fuera del estado y prohibiéndoles que reciban ayuda financiera del gobierno, pocos estudiantes pueden asistir a la universidad. En el Sistema de Universidades de Carolina del Norte, un residente del estado paga $5,340 en matrícula y cuotas, mientras que los estudiantes fuera del estado, pagan casi $21,000. En un instituto universitario como el Central Piedmont Community College, un estudiante a tiempo completo que sea residente del estado paga un máximo de $1,344 por año. Un estudiante fuera del estado paga $7,465 por la misma carga académica. Y estos pagos no incluyen todos los otros gastos como libros, computadoras, transporte y comida. La universidad está fuera del alcance de estudiantes brillantes, simplemente porque fueron traídos aquí cuando eran niños. Ahora hay una buena noticia. La UNC Comisión del Mañana conformada por líderes en el ramo de la educación, el gobierno y organizaciones sin fines de lucro, se reunieron a principios de año para determinar cómo la Universidad puede dirigir de mejor manera la economía del estado y las necesidades sociales en el futuro. El panel acaba de dar a conocer sus resultados. Uno de ellos fue: “La UNC debe mejorar los logros académicos de los grupos que están menos representados, especialmente de hombres afroamericanos y los estudiantes latinos”. La comisión dijo que la universidad debiera “investigar y determinar el impacto social y económico en el estado y el potencial costo para los contribuyentes de Carolina del Norte, de proporcionar una educación universitaria accesible a estudiantes indocumentados, comparada con el costo de no educarlos”. Esta semana, Erskine Bowles, presidente del Sistema de Universidades de Carolina del Norte, dijo que la Junta de Governantes de la universidad examinará si los indocumentados graduados de escuelas secundarias debieran pagar la matrícula de estudiante residente del estado. Bowles no ha dado ninguna indicación de qué camino tomará esta evaluación. “Haremos esta investigación”, dijo después de que la comisión lanzara su informe. “Hasta que no hayamos terminado con la investigación, no haremos ninguna recomendación a favor o en contra de esta propuesta”. Pero estamos motivados. El Sr. Bowles ha manifestado su opinión acerca de las leyes de inmigración de la nación. Aquí están sólo un par de cosas que ha dicho: “Estos indocumentados graduados de escuelas públicas de Carolina del Norte, fueron traídos por sus padres cuando estaban pequeños. No creo que se deba castigar al niño por el pecado de los padres”. “Yo creo que el gobierno federal enfrenta el problema de la inmigración ilegal, sobre todo la educación de niños indocumentados, de una manera completamente ilógica. Dado que la ley federal asigna como mandato, que ningún estado puede negar educación gratuita de kinder a décimo segundo grado a niños sin documentos, no tiene sentido que la ley federal realice un retroceso acerca de si debiéramos ofrecer a estos mismos estudiantes acceso a educación universitaria. Carolina del Norte no puede aceptar este tipo de retroceso. Tenemos que tener una fuerza de trabajo altamente educada para competir en una economía global basada en el conocimiento”. Parece como si la población latina pudiera tener un aliado en el Sr. Bowles. El ha reconocido que los latinos son la población de más rápido crecimiento en nuestro estado. Reconoce que serán una parte importante de la presente y futura mano de obra del estado. Ha indicado que “sin educación, se convertirán en una carga para la sociedad. Con educación, tienen la oportunidad de ser miembros productivos de nuestras comunidades”. Todo lo que tenemos que analizar es cuánto nos cuesta educar a un indocumentado, comparado con el costo social de no educarlo. Tenemos esperanza de que la influencia del Sr. Bowles, ayudará a que el sistema universitario de Carolina del Norte vea luz y permita a los estudiantes indocumentados, pagar tarifas como estudiantes que viven en el estado. Ir arriba Let's not leave any student behind There’s hope once again for the college prospects of the children of undocumented immigrants. When the DREAM Act failed to pass in Congress a few weeks ago, the future for our Latino undocumented high school graduates looked bleak. With the law requiring them to pay out-of-state tuition and forbidding them from receiving any financial aid, few students can afford to go to college. In the University of North Carolina system, a state resident pays $5,340 in tuition and fees, while out-of-state tuition is almost $21,000. For a community college, like Central Piedmont, in-state students pay a maximum of $1,344 a year for a full load. But out-of-state students must pay $7,465 for the same course load. And these fees don’t include all the other countless costs of an education, from books and computers to transportation and meals. College has been out of the question for many of our best and brightest, simply because they were brought to this country as minors. Now there is some good news here in North Carolina. The UNC Tomorrow Commission, a group of state business, education, government, and nonprofit leaders, was convened earlier this year to determine how the University can best meet the state’s economic and societal needs in the future. The panel just released its findings. One of them was: “UNC should improve the educational attainment of underrepresented groups, especially African American males and Latino students.” The commission said the university should “research and assess the economic and social impact on the state and the potential cost to N.C. taxpayers of providing an affordable college education to undocumented students, versus the ongoing costs to the economy and well-being of North Carolina that result from the lack of higher educational attainment among undocumented students.” This week Erskine Bowles, president of the University of North Carolina System, said that the University’s Board of Governors will examine whether undocumented high school graduates should be able to pay in-state tuition rates. Bowles has made a point of not giving any indication which way such an assessment might go. “We will do this research,” he said after the Commission released its report. “Until that research is finished, we will not make any recommendation for or against this proposal.” But we are encouraged. Mr. Bowles has been vocal in his opinion about this nation’s immigration laws. Here are just a couple of things he has been quoted on: “These undocumented graduates of our North Carolina public schools were brought here as minors by their parents. I do not believe that you should punish the child for the sins of the parent.” “The federal government compounds the problem of illegal immigration by taking what I believe is a completely illogical approach to educating undocumented children. Given that federal law mandates that no state can deny a free K-12 education to undocumented children, it makes no sense that federal law takes a complete dive on whether we should offer these same children access to public higher education. North Carolina cannot afford to take that kind of dive. We have to have a highly educated workforce to compete in a knowledge-based global economy.” It seems as though the Latino population may have an ally in Mr. Bowles. He has acknowledged that Latinos are the fastest-growing population in our state. He recognizes that they will be a large part of the state’s future workforce. He has stated that “Without education, they will become a drain on society. With education, they have a chance to be productive members of our communities.” This is what it comes down to: the cost of educating the undocumented versus the cost of not educating them. We are hopeful that Mr. Bowles’ influence will help the N.C. University System see the light and permit undocumented students to pay in-state tuition rates.


	Edición No. 505 - 19 al 25 de diciembre del 2007