El Departamento de Justicia presentó el 6 de julio una demanda contra el estado de Arizona por su nueva ley anti-inmigrante (SB-1070) y pidió a un juez que suspenda de forma preliminar su entrada en vigor, prevista para el 29 de julio.
El principal argumento de la demanda es que la SB-1070 viola la Constitución, al dar a las autoridades locales funciones en materia de inmigración que corresponden al gobierno federal.
Respeto a la Constitución
“La Constitución y la ley federal no permiten el desarrollo de una mescolanza de políticas estatales y locales de inmigración por todo el país”, afirma la demanda.
La norma convierte en delito menor la presencia de una persona en Estados Unidos sin un permiso legal, lo que autoriza a la policía a pedir los papeles y detener a quienes sospeche que son indocumentados.
En su demanda, el Gobierno alertó de que la ley resultará en el “acoso y la detención de visitantes extranjeros, inmigrantes legales y ciudadanos estadounidenses que no puedan probar inmediatamente su situación legal”.
Además, obligará al Gobierno federal a dedicar más recursos a procesar a las personas arrestadas por la Policía de Arizona bajo sospecha de ser indocumentados.
Eso desviará la atención de la lucha contra el terrorismo, las drogas y las pandillas, lo que perjudicará “la seguridad de todo el país”, destacó el fiscal general, Eric Holder.
Demandas
La presentación de la demanda no es una sorpresa, pues Holder ya había indicado que sopesaba tomar esa medida.
La acción legal se añade a otras cinco demandas contra la nueva norma, presentadas por particulares y organizaciones de defensa de los derechos de los inmigrantes.
El presidente Barack Obama, ha criticado la ley como “mal concebida” y ha alertado de que puede dar lugar a discriminación contra los inmigrantes.
Los grupos de defensa de los derechos civiles afirman que la norma dará poder a los agentes para arrestar a los extranjeros simplemente por su apariencia o su acento y hará que los inmigrantes no colaboren con la Policía como testigos de crímenes o denuncien delitos.
La ley también ha provocado la repulsa de los países latinoamericanos y en particular de México, que se ha sumado con un escrito de apoyo a una de las demandas.
Por su parte, la gobernadora de Arizona, la republicana Jan Brewer, que firmó la normativa el 23 de abril, ha pedido a los tribunales que desestimen las demandas presentadas hasta ahora porque se basan en “suposiciones” y en casos de discriminación que no han ocurrido.
País dividido
El anuncio fue hecho el mismo día que una encuesta de USA Today/Gallup indicó que los estadounidenses están divididos sobre si el gobierno debe enfocarse en detener el flujo de inmigrantes indocumentados (50% de los encuestados) o si debe desarrollar un plan para ver que hacer con los que ya están en el país (45%).
El sondeo señala que el 62% de los estadounidenses es más propenso a creer que los indocumentados son una carga para el estado mientras que el 32% cree que estos inmigrantes cumplen con sus responsabilidades impositivas.