Edición No. 646 - 1 al 7 de septiembre del 2010


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Autoridades no deportarían a inmigrantes con solicitudes de residencia

El gobierno emitió una nueva directiva para frenar la deportación de inmigrantes que pidieron su regularización, primordialmente a través de familiares legales en el país, según un memorándum oficial.
La medida podría beneficiar a decenas de miles de personas con una situación migratoria irregular, por ejemplo con visas ya vencidas, pero que tienen familiares legales (ciudadanos estadounidenses o residentes) que formularon una petición a su favor.
El memorándum del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), fechado el 20 de agosto, especifica dos políticas a seguir por los funcionarios, si el migrante está detenido o no.
“Si no hay investigaciones o factores seriamente adversos” contra el inmigrante ilegal detenido, los abogados del ICE “actuarán rápidamente para desechar los procedimientos” de expulsión ante las unidades encargadas de llevarla a cabo, explica el texto.
En el caso de los inmigrantes que no están detenidos el procedimiento debería ser aún más expedito, una vez que el funcionario determine “de forma discrecional” que el individuo en cuestión “tiene derecho a quedar exento de la expulsión”, explicó el documento, enviado a la agencia de noticias AFP por el Departamento de Seguridad Interna.
Deportados
A julio de 2009, el ICE identificó unos 17,000 casos de inmigrantes expulsados del país que tenían pendiente una resolución de su caso ante jueces de inmigración.
Casi 40.000 inmigrantes lograron el año pasado (año fiscal de octubre 2008 a septiembre 2009) obtener la residencia en Estados Unidos gracias a peticiones de familiares suyos con papeles legales, según datos del ICE.
Estados Unidos expulsó poco más de 393,000 inmigrantes ilegales en el año fiscal 2009.
El jefe del ICE, John Morton, advirtió en meses pasados que la prioridad del gobierno sería la de localizar y deportar del país a los inmigrantes con antecedentes criminales.


Dudas del inmigrantes
Jordan G. Forsythe

Hace 3 años estoy en Estados Unidos. Mi hermana me hizo una petición de residencia, al año de haber hecho esto me llegó la carta diciéndome que esperara y después al año siguiente me pidió mi papá y no me ha llegado ninguna correspondencia. ¿puedo ser deportada porque me quedé mucho tiempo esperando los papeles y sin trabajar en este país?
Las peticiones sometidas por su padre y hermana para usted no le dan ningún estatus legal, pero le coloca en línea para solicitar un visa de inmigrante. La espera es larga dependiendo de su país de origen y puede pasar varios años. Como usted sabe, la espera se siente muchos más larga cuando se está en este país sin papeles y sin trabajo.
Cuando su visa esté disponible usted necesitará hacer un proceso consular porque, usted no ha podido mantener su estatus y no califica para un ajuste de estatus en Estados Unidos. Cuando salga de Estados Unidos se desencadenará una restricción de 10 años.
Usted debe discutir su caso con un abogado de inmigración antes de presentar otra petición o aplicación. Esperemos que la reforma migratoria pueda reducir el tiempo de espera y permitirle permanecer en este país para ajustar su estatus.

Me case hace dos años con un americano. El matrimonio no ha ido bien debido a maltrato psicológico. ¿El hecho de que estemos separados me afectará cuando aplique para la ciudadanía?
Lamento que usted haya tenido un matrimonio difícil y sufrido. No es necesario permanecer casada con alguien que abusa de usted psicológica o físicamente.
Existen varias leyes que la pueden proteger. Le animo a contactar el proyecto de inmigrantes maltratados. Como su patrocinador, su esposo podría ser obligado a reembolsarle al Gobierno, si usted recibe asistencia pública.
Con respecto a requisitos en materia de seguros y otro tipo de apoyo monetario, es un asunto de Leyes de familia en tribunales estatales.
Si usted se divorcia, no podrá aprovechar las ventajas de la excepción de 3 años para presentar la ciudadanía. Por su pregunta, no tengo claro si usted ya ha se presentó en inmigración para quitar las condiciones de su residencia como lo exige la ley. Si no ha quitado las condiciones, debe contactar a un abogado de inmigración lo más pronto posible.

He permanecido casi ocho años legalmente con una visa de estudiante. Tengo una petición I-130 recientemente aprobada ¿Se puede acelerar el proceso de residencia?
Desafortunadamente, sólo el Congreso puede hacer algo para acortar la espera para la clase de preferencia de visas de inmigrantes. Para todos los países excepto México y Filipinas, la espera actual para hijos solteros de residentes permanentes es de 8 años aproximadamente.

Deje sus preguntas para este segmento al 704-568-6966 extensión 117, ó escríbanos a 5936 Monroe Road, Charlotte, NC, 28212 ó al correo electrónico: editor@lanoticia.com. Las respuestas aparecerán publicadas en La Noticia.

Esta columna proporciona información general sobre la ley de inmigración y no se refiere a casos individuales. La ley de inmigración cambia con frecuencia y debería tratar de consultar a un abogado para conseguir la información más reciente. La participación en esta columna no implica una relación de cliente con el bufete de Forsythe Immigration Law Firm.
Esta columna es un servicio a la comunidad de La Noticia.


Un pastor mexicano enfrenta la deportación en Carolina del Norte

Un pastor mexicano en Carolina del Norte que ha vivido 37 años en el país enfrenta la deportación tras ser arrestado cuando su solicitud de ciudadanía fue negada por haber cometido un delito en el pasado.
El ahora pastor Héctor Villanueva, de 40 años, vivió en California hasta que se mudó en 2004 con su familia a la zona de Raleigh, capital del estado, para abrir iglesias bautistas con el fin de servir a la creciente comunidad hispana.
Desde hace un mes fungía como el ministro principal de la Iglesia Bautista Roca Fuerte en Siler City, donde junto a su esposa Martha, cuatro hijos y dos en proceso de adopción, predicaban la palabra de Dios.
Bárbara González, portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), confirmó a la agencia de noticias Efe que Villanueva se encuentra en el centro de detención de inmigración en Gainesville (Georgia), desde su arresto la semana pasada en el condado Chatham, al noroeste del estado.
“En general, un juez puede revocar la residencia permanente de un inmigrante y comenzar su deportación si es convicto de una felonía”, acotó González.
Según Javier Benítez, colega y amigo de Villanueva, la noticia del arresto del pastor cayó por sorpresa a los feligreses de su congregación que lo aprecian y respetan mucho por su dedicación al trabajo.
“Tengo entendido que hace 16 años intentó (Villanueva) cambiar un cheque que no era suyo y fue detenido pero pagó su deuda con la justicia. Esto sucedió antes que dedicara su vida al cristianismo”, afirmó Benítez.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó el pasado mes de octubre la solicitud de ciudadanía de Villanueva por su récord criminal en California y ahora ICE trata de revocar su residencia legal.


Estudiantes reclaman que se resuelva su situación migratoria

Los estudiantes en una situación migratoria irregular reclaman al Gobierno y congresistas que resuelvan ya la incertidumbre en la que viven al mantenerse en el limbo la aprobación del proyecto de ley conocido como “Dream Act”.
En un foro nacional, estudiantes y expertos debatieron qué hacer para desatascar la aprobación de un proyecto de ley que cuenta con los suficientes apoyos para ser aprobada y que beneficiaría a cerca de dos millones de jóvenes en todo el país.
En el foro se constató que el Dream Act cuenta con 39 votos de apoyo en el Senado, 124 en la Cámara de Representantes, el respaldo del presidente Barack Obama y del 70 por ciento de los estadounidenses.
“¿Qué más se necesita para que los jóvenes tengamos la oportunidad de acceder a una educación universitaria de calidad y obtener nuestra ciudadanía en el país?”, se preguntó Nancy Meza, una de las organizadoras del foro.
La última versión del proyecto de ley del Dream Acta se presentó en marzo de 2009 por los senadores Richard Durbin (D-IL) y Richard Lugar (R-IN), con el apoyo de otros 32 senadores, al que luego se sumaron cinco más.
Al mismo tiempo, el representante demócrata de California Howard Berman (D28) presentó un proyecto similar ante la Cámara, con el apoyo de otros 123 miembros.


Compensan a latina registrada y decomisada sin razón

Un jurado federal compensó con 75.000 dólares a una mujer de origen mexicano y a su hijo, porque un agente del alguacil registró sin justificación su vehículo durante una detención de tránsito y además le decomisó más de 14.000 dólares.
El 22 de julio de 2008, Carmina Pérez, con residencia legal y su hijo Rafael Adam, que tenía entonces 9 años, circulaban en un automóvil por las afueras de Nashville (Tennessee) en dirección a Texas, donde iban a visitar a unos familiares enfermos.
El agente Rick Wade, de la oficina del alguacil del condado Henry y miembro del cuerpo de investigación de drogas, ordenó a la mujer que se detuviera porque supuestamente seguía muy de cerca a otro vehículo.
El agente solicitó a Pérez permiso para registrar la Toyota SUV y preguntó si tenía drogas, lo que negó la conductora, pero Wade terminó por utilizar su perro para asegurarse de no encontrar sustancias ilícitas.
Wade también preguntó si llevaba dinero. La latina respondió que sí, unos 14.870 dólares, para pagar por los servicios médicos de sus familiares enfermos que finalmente el agente terminó decomisando.
Pérez contrató una firma de abogados para demandar en septiembre de 2008 al oficial por privación de su libertad durante las casi cuatro horas que duró la detención sin acusarla de crimen alguno, en clara violación a la cuarta enmienda de la Constitución.
Sin embargo, la corte decidió la semana pasada que el oficial debía pagar por los honorarios de los abogados de la defendida y la compensó con 75.000 dólares.


Estados Unidos ofrece ayuda a México en la investigación de masacre de inmigrantes

El Gobierno de Estados Unidos aseguró que “cooperará plenamente” en todo lo que pueda para ayudar a México en la investigación de la “atroz” masacre de 72 inmigrantes indocumentados presuntamente cometida por el cartel de los Zetas.
“Cooperaremos plenamente de cualquier manera que podamos para apoyar a México en la investigación de este atroz crimen”, señaló el portavoz del Departamento de Estado, Philip Crowley. “Estamos preparados para ayudar a México si necesita cualquier asistencia”, recalcó.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) y la procuraduría de Tamaulipas abrieron sendas investigaciones por el delito de homicidio y otros posibles cargos.
Crowley señaló que la masacre refleja el grado en el que el crimen organizado “secuestra, aterroriza y finalmente mata a civiles inocentes”.
“Son peligrosos y tratan de socavar las instituciones democráticas de México”, destacó.
Esa es la razón por la que Estados Unidos colabora con México y con otros países en la región para derrotar a los carteles, recordó.
Un sobreviviente
Un ecuatoriano, el único superviviente de la matanza, acusó al cartel de las drogas los Zetas, uno de los más peligrosos del país, de asesinar a los 72 inmigrantes indocumentados hallados en un rancho del estado norteño de Tamaulipas.
El joven ecuatoriano de 18 años llamado Freddy, que es mantenido como testigo protegido por las autoridades mexicanas, resultó herido de una bala en el cuello, después que los atacantes los pusieron en fila y les dispararon.
Los inmigrantes, 58 varones y 14 mujeres que procedían de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil, cruzaban México hacia Estados Unidos y fueron atrapados y asesinados de un grupo armado, que el testigo identificó como Los Zetas.
Crowley dijo que Estados Unidos era “consciente de los riesgos que este tipo de migraciones entrañan, ya sea por la amenaza de violencia de los carteles o la simple amenaza del calor abrasador y de los elementos en la medida en que se acercan a la frontera” a través del desierto, por lo que el Gobierno entiende que “parte de la solución es una reforma migratoria integral”, agregó.
Indignación
La Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y Caribeñas (NALACC) dijo que se trató de un “crimen contra la humanidad”, exigió una investigación inmediata y el castigo de los responsables.
En una declaración, la presidenta de la alianza Angela Sanbrano, dijo: “la matanza cometida contra nuestros hermanos y hermanas (de El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil) en un rancho del estado de Tamaulipas demuestra el nivel de salvajismo que pueden ejercer organizaciones criminales contra seres humanos”.
“Además de la impunidad que disfrutan en México esas organizaciones, esto significa un aumento de la espiral de violencia que afecta a los migrantes que transitan por México en busca de una mejor vida en Estados Unidos”, agregó.
Un informe de Amnistía Internacional señaló que la travesía “es una de las más peligrosas del mundo”, y que todos los años una cantidad imprecisa de migrantes desaparece sin dejar rastros.