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Proyecto que dificultará la libertad bajo fianza de algunos indocumentados violaría la Constitución

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Raleigh- La Unión Americana de Libertades Civiles del Carolina del Norte (ACLU NC) dijo que un proyecto de ley que, entre otras cosas haría más difícil que los indocumentados arrestados en el estado salgan bajo fianza, viola los derechos constitucionales.

De acuerdo con esta organización, el HB 63, “Ley de protección ciudadana 2017”, que tiene como patrocinador principal al representante republicano Harry Warren, es “constitucionalmente problemática, ya que limitaría los derechos al debido proceso para algunos inmigrantes y crearía nuevas reglas para la aplicación de las leyes estatales de inmigración”.

“Entre sus disposiciones, el proyecto de ley HB 63 pretende negar la fianza a los inmigrantes indocumentados para quienes el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) ha emitido una detención, una práctica que las cortes federales han encontrado como una violación de las protecciones básicas al debido proceso bajo la Cuarta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos”, explicaron.

Uso del perfil racial

El proyecto HB 63 crearía obstáculos contra la fianza para los inmigrantes indocumentados cuando se les acuse de faltas menores, como un delito de tránsito o cuando ICE haya emitido una detención o haya “indicado que lo hará”, lo que dificultará a ciertas personas obtener la libertad.

“Estas medidas fomentarán el perfil racial y permitirán que las fuerzas de seguridad detengan a personas indefinidamente sin causa probable, prácticas que violan la Constitución y no hacen que nuestras comunidades sean más seguras”, dijo Sarah Gillooly, directora de políticas de ACLU en Carolina del Norte. “Instamos a los legisladores a reconsiderar esta propuesta inconstitucional, antes de exponer al estado a litigios costosos en defensa de una ley equivocada que separará a las familias y atacará las libertades civiles de los inmigrantes y ciudadanos americanos por igual”, apuntó.

Afectaría ingresos de condados y ciudades

La propuesta también permitiría que el estado retenga una gama de ingresos fiscales, incluyendo la financiación para el transporte y otros proyectos de los gobiernos locales que optan por limitar su papel en la aplicación de la ley federal de inmigración.

Asimismo permite que de manera anónima se denuncien que una ciudad está violando las leyes de inmigración, sin tener pruebas, obligando a la oficina del Fiscal General a investigar.

“La ley crearía un marco costoso, e innecesario que llevan a gastar recursos gubernamentales en un intento de apuntar y señalar a los indocumentados de Carolina del Norte que trabajan, y contribuyen en nuestras comunidades de innumerables maneras”, señalaron.

La propuesta fue aprobada el 14 de marzo en el Comité Judicial II de la Cámara de Representantes estatal y se dirige al Comité de Finanzas.

Si es aprobada allí, pasará al Comité de Apropiaciones antes de dirigirse a la Cámara de Representantes para una votación final y ser enviada al Senado.

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