Abogados de inmigración luchan contra las deportaciones y los retrasos en la corte de Charlotte

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La abogada Jordan Forsythe y su cliente saliendo del edificio de la Corte de Inmigración de Charlotte tras una audiencia frente al juez Riggs Lee.

En la cafetería de la Corte de Inmigración de Charlotte se encuentra la abogada Jordan Forsythe junto a su cliente, un inmigrante originario de Guatemala, quien fue víctima de un crimen. Se puede percibir la ansiedad del hombre detrás de su mascarilla, y no es para menos, dentro de pocos minutos se decidirá si será expulsado de Estados Unidos.

Forsythe llegó al tribunal alrededor de la 1:00 p.m. del jueves 11 de febrero, repasando por última vez el caso que presentaría ante el juez Riggs Lee. Su cliente lleva dos años tratando de resolver su orden de deportación y obtener una visa U para víctimas de actos criminales.

En el 2019, dos asaltantes le apuñalaron en el estómago y le robaron $400 en su propio condominio en la ciudad de Charlotte. Forsythe dice que su cliente colaboró con la policía para dar con los delincuentes durante la investigación.

“Mi cliente lleva siete años aquí. Tiene una vida establecida. Estar aquí le permite tener un trabajo con el que puede ayudar a su familia en su país natal con su día a día y gastos médicos. Pero más importante aún, gracias a que él los ayuda, ellos no tienen que correr el riesgo de también cruzar la frontera”, dice Forsythe.

Todos estos años de espera finalmente lo llevaron a tener una audiencia ante la Corte de Inmigración de Charlotte.

Más de 45,000 casos en limbo

La administración Trump dejó 1.3 millones de casos pendientes en el sistema migratorio. Más de 45,000 de estos casos vienen del tribunal de Charlotte. Este es considerado uno de los más duros de la nación, ya que más de 80 % de los casos de asilo terminan en deportación.

Con varios casos están pendientes, hay una creciente necesidad de ayuda legal, pero el número de abogados especializados en inmigración es limitado.

Desde enero de este año, en Charlotte solo hay 15 abogados certificados como especialistas legales en derecho de inmigración por la Junta de Especialización Legal del Colegio de Abogados de Carolina del Norte.

Sin embargo, bufetes de abogados de otras ciudades también ejercen en el área de Charlotte.

Jordan Forsythe, al igual que muchos de sus colegas que están certificados, trabajan en varios casos migratorios a la vez.

La acumulación de casos pendientes en la Corte de Inmigración de Charlotte aumentó paulatinamente desde su apertura en el 2008.

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Un letrero dirige hacia la Corte de Inmigración de Charlotte con un aviso sobre los cambios durante la pandemia.

El primer aumento más grande de casos pendientes ocurrió en el 2017 con la llegada de la Administración Trump, donde la acumulación casi se duplicó a 11,500 casos.

Desde entonces, y en especial con la pandemia, el número de casos pendientes se ha cuadruplicado a 45,368.

Históricamente más de 29,000 indocumentados han recibido órdenes de deportación en el área los últimos veinte años. La mayoría de ellos no contaban con representación legal, según datos de TRAC.

Forsythe dice que su oficina actualmente maneja 111 casos, y asegura que la mayoría de sus clientes son de Sur y Centroamérica. Agrega que esta tendencia también se repite en muchos de sus colegas de profesión.

El caso más antiguo de Forsythe lleva activo desde 1998, toda una década antes de que abriera el tribunal de inmigración de Charlotte.

Defensa, conocimiento y comunicación

El engorroso sistema migratorio de Estados Unidos, junto con los constantes cambios que ocurren en las normas de inmigración, y la complejidad de cada caso, hacen que los costos de representación legal sean elevados. Pero la preparación y el conocimiento de un abogado es invaluable al momento de enfrentar un juez migratorio.

“Ser un abogado de inmigración en Charlotte se siente como ser un soldado. Me siento como si estuviera frente a un campo de batalla por mis clientes. Es una lucha diaria”, dice Forsythe.

Muchos inmigrantes llegan a la corte sin hablar inglés y sin entender la variedad de términos legales y prácticas que existen en el sistema migratorio estadounidense. Aún con un intérprete presente, muchas veces, ciertas cosas se pierden en la traducción.

Por ese motivo, Forsythe decidió aprender a hablar en español. Dice que su gramática y su acento no son perfectos, pero que hacen una gran diferencia al momento de obtener la confianza de sus clientes.

“Para mi es sumamente importante poder comunicarme con mis clientes sin necesidad de un intérprete”, explica.

Es difícil evitar un vínculo

Forsythe y su cliente siguen a la espera de que los llame el juez. Empezó a trabajar en este caso el año pasado. El guatemalteco de 34 años trabaja en construcción y su jefe tiene contratos con compañías en todo el país.

En el 2019, fue detenido por un policía de tránsito mientras manejaba hacia un trabajo en Nueva Hampshire. Desde allí, ICE fue alertado de su estatus y su ubicación.

La audiencia de deportación con el juez estaba programada para la 1:30 p.m., pero no empezó sino hasta las 3:00 p.m. La hora programada realmente representa el inicio de una ventana de tiempo. Esto significa que la audiencia podría empezar en cualquier momento entre la 1:30 p.m. y las 5:00 p.m.

La abogada dice que es normal que las citas no empiecen a la hora exacta y por eso ella solo se compromete con un cliente al día si tiene que aparecer ante un juez.

En ese lapso de tiempo, es inevitable notar lo mucho que Forsythe estima a su cliente. Repasa con él su “plan de ataque” y lo invita almorzar mientras esperan, pero él no tiene hambre, solo acepta una soda de naranja. La abogada le pregunta cómo se siente, si tiene cualquier pregunta, y cómo ha estado en los últimos días.

Finalmente, los abogados programados antes que Forsythe y su cliente entran al área del comedor. Forsythe y ellos se conocen. Le dicen que pueden subir. Los agentes de seguridad me dicen que como reportera no puedo entrar.

Tras veinte minutos, Forsythe sale de la sala de tribunal acompañada por su cliente con una leve sonrisa.

“Nos dieron más tiempo para defender el caso”, comenta Forsythe, diciendo que sometió una solicitud al gobierno pidiendo discreción procesal. Esto hace que el gobierno pueda decidir no perseguir casos de baja prioridad como el de su cliente. Este cambio de prioridades de deportación se reinstaló con la llegada de la Administración Biden.

“Tenemos un poco más de 45 días antes de tener que volver al tribunal para presentar nuestro argumento”, añadió la abogada, indicando que el resultado es una pequeña victoria para el caso que debía terminar en la deportación de su cliente ese día.

Laura Brache

Periodista de La Noticia y WFAE, reporta sobre inmigración y la comunidad Latina en el área de Charlotte. Miembro del cuerpo de periodistas de Report for America 2020-2021.

lbrache@lanoticia.com