Inmigración de Charlotte sufre los efectos del coronavirus, recortes de gastos y cambios de políticas

Certificado de naturalización estadounidense
USCIS estima que alrededor de 600,000 personas recibirán su ciudadanía para finales de septiembre. Estos serían alrededor de 200,000 menos ciudadanos nuevos respecto al año anterior.

NOTA EDITORIAL: El miércoles 29 de septiembre, 2020, el Servicio de Inmigración anunció que, tras una orden judicial del Distrito Norte de California prohibiendo aumentos de tarifas para la ciudadanía y otros beneficios de inmigración, no alzaría los costos de sus servicios. Los cambios están reflejados en este artículo.

Alba Sánchez, una madre costarricense en Charlotte, fue una de 834,000 personas juramentadas como ciudadanos en Estados Unidos en el 2019.

“La aplicación se sometió el 31 de julio del 2018 y ya para marzo 21 del 2019 era ciudadana”, dijo Sánchez.

Según Dan Hetlage, vocero del Servicio de Inmigracion y Ciudadanía (USCIS), la agencia juramenta a nivel nacional alrededor de 3,195 personas como nuevos ciudadanos de Estados Unidos. Hetlage dice que esto equivale a un nuevo ciudadano siendo juramentado cada 27 segundos.

Pero en marzo de este año, USCIS detuvo por completo el proceso de naturalización y varios otros de los servicios que ofrece la agencia que deben hacerse en persona debido a la pandemia del coronavirus. Esto provocó una gran acumulación de casos que amenazaba la oportunidad de muchos de volverse ciudadanos y poder votar en las elecciones presidenciales este noviembre. Para Sánchez, quien votará por primera vez en una elección presidencial, el privilegio de poder hacerlo es más importante que nunca.

“Representa el cambio que quiero y deseo ver en este país, y la justicia que quiero y deseo que se haga con nuestras familias que han llegado a la frontera y los han separado de sus hijos”, dijo Sánchez entre pausas y lágrimas.

Hetlage dice que cuando USCIS reabrió al público el 4 de junio, habían alrededor de 110,000 personas esperando hacer su juramento. Sin embargo, el vocero afirma que todos esos casos fueron completados en las primeras semanas de reapertura. La agencia estima que alrededor de 600,000 personas recibirán su ciudadanía para finales de septiembre. Estos serían alrededor de 200,000 menos ciudadanos nuevos respecto al año anterior.

“Si bien es cierto que nuestra producción probablemente haya disminuido debido a la pasada suspensión temporal de los servicios en persona como resultado de la pandemia, también es cierto que estamos en camino hacia otro año extremadamente productivo y aún creemos que lograremos finalizar el año fiscal con aproximadamente 600,000 nuevos ciudadanos”, dijo Hetlage.

Los números en las Carolinas

Entre enero y marzo del 2019, 2,397 personas recibieron su ciudadanía en Charlotte. Más hacia el este del estado en Raleigh, fueron 1,746 durante este período. En contraste este año, solo 1,990 personas fueron aprobadas en la oficina de Charlotte, mientras que el número de nuevos ciudadanos en Raleigh solamente aumentó cerca de 50 personas este año.

En Carolina del Sur, los cambios son menos drásticos. Unas 738 personas en la oficina de Charleston y 583 en Greer recibieron su ciudadanía entre enero y marzo del año pasado. Este año, los totales fueron de 520 y 634 para Charleston y Greer respectivamente.

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La abogada de inmigración Jamilah Espinosa dice que está impresionada con la rapidez con la que los solicitantes, a solo un juramento de obtener la ciudadanía, tuvieron sus ceremonias reprogramadas, aún con las nuevas restricciones COVID-19 vigentes.

“Debo dar crédito a USCIS que durante la pandemia, una vez que fueron capaces de hacerlo, dieron prioridad a las ciudadanías para que esas personas fueran capaces de poder llegar juramentarse y registrarse para votar”, dijo Espinosa.

El “camino al estatus legal” se ha dificultado

Desde que Donald Trump tomó posesión de su cargo como presidente de Estados Unidos, organizaciones como el Migration Policy Institute han notado un aumento en solicitudes de ciudadanía. Lo atribuyen a la retórica anti-inmigrante del presidente y a los recientes cambios en las políticas migratorias del país. Incluso, Dan Hetlage, portavoz del USCIS, dice que el número de solicitudes de ciudadanía creció más del doble entre el 2010 y el 2017.

“[El número de solicitudes] se disparó más del doble bajo la administración anterior, yendo de 291,800 en septiembre del 2010 a casi 700,000 a principios del 2017”, dijo Hetlage.

El 25 de junio, USCIS anunció que suspendería a más de 13,000 empleados, o el 70% de la agencia, empezando la última semana de agosto debido a una supuesta escasez de recursos. La suspensión masiva retrasaría aún más casos de inmigración. Pero a pocos días de la suspensión, USCIS anunció que, gracias a recortes en su presupuesto, no despedirían a dichos empleados.

Para Jamilah Espinosa, una abogada de inmigracion en Charlotte, el vaivén de cambios y dichos cortes extremos parecía sospechoso dado que USCIS es una agencia autofinanciada.

“USCIS pudo juramentar a esas personas, lo que les hubiera permitido inscribirse para votar”, dijo Espinosa. “Pero aun asi te hace cuestionar el porqué. ¿Cuál es el verdadero motivo de todos estos cambios y retrasos?”

El reporte más reciente de USCIS indicó que a finales de marzo había 675,050 solicitudes de ciudadanía pendientes. Luego en junio, el reporte anual del Mediador de USCIS indicó que para el 24 de abril 558,973 casos aún no habían presentado la entrevista; 28,781 casos debían retomar el examen; 16,841 no habían recibido respuesta; y 88,621 aún debían juramentarse.

La pandemia favoreció al plan de inmigración del presidente Trump

Entre marzo y junio, los abogados de inmigración en Estados Unidos, como Jamilah Espinosa de Charlotte, vieron un paro abrupto en el procesamiento de casos del USCIS tras cerrar sus oficinas por la pandemia del coronavirus. El cierre provocó una gran acumulacion de casos, especialmente de aquellos que requieren entrevistas en persona, como las solicitudes de ciudadanía.

Espinosa dice que las medidas recientes de la administración Trump, como los intentos de eliminación de los programas de TPS, DACA, así como restricciones al asilo, o la llamada norma de la carga pública, están creando aún más barreras hacia el camino hacia la inmigración legal como la conocemos.

En Charlotte, Espinosa dice que las solicitudes de residencia legal o “tarjeta verde” normalmente toman alrededor de seis meses en procesar. Pero desde la pandemia, los solicitantes deberán esperar casi un año para recibir respuesta. Una de las clientas de Espinosa está sufriendo las largas esperas y dice que está frustrada, ya que su esposo no puede venir a Estados Unidos sin afectar su caso legal.

“Se suponía iba a ser entrevistada en marzo. Su esposo está en México, y esa entrevista fue cancelada y no ha sido reprogramada”, dijo Espinosa. “Ella tiene muchas condiciones médicas y realmente quiere tener a su esposo aquí con ella. Así que este retraso definitivamente la está afectando emocional y mentalmente, y también a su esposo porque tiene las manos atadas.”

El Migration Policy Institute explica que la pandemia del coronavirus facilitó que el gobierno del presidente Trump lograra sus restantes promesas de campaña de cambiar el sistema migratorio, incluyendo prohibiciones de viaje, restricciones de visas para trabajadores extranjeros y estudiantes de intercambio, y más escrutinio en el proceso de evaluación de los solicitantes de inmigración.

El costo de un estatus legal

Para “recuperar” el costo de los servicios, USCIS anunció en julio que intentarían subir 81% los precios de la solicitud de ciudadanía, y otros trámites migratorios. La regla propuesta entraría en vigencia el 2 de octubre. Dos días antes de entrar en vigencia, un juez federal detuvo la regla.

La solicitud de ciudadanía estaba programada de aumentar $520, de $640 a $1,160. El costo del permiso de trabajo (Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo) iría de $410 a $550. Si un inmigrante obtuvo su residencia legal por matrimonio, antes tenía que pagar $595, y ahora tendría que pagar $760 para remover las condiciones de su estatus. El trámite para la solicitud de suspensión de deportación subiría 535 %, pasando de $285 a $1,525. La residencia permanente y solicitudes relacionadas hubieran aumentado de $1,225 a $2,270.

Para leer la lista completa de cambios en los precios de trámites migratorios, visite aquí.

Antes de la orden judicial, Ivonne Bass, quien dirige el centro de inmigrantes en la Coalición Latinoamericana en Charlotte, dice que la organización ha estado en una carrera reloj antes del 2 de octubre.

“Lo que esto significa es que estamos en un apuro hasta el primero de octubre para presentar la mayor cantidad de solicitudes de ciudadanía posibles”, dijo Bass. “Además de eso, por ahora nuestros residentes legales permanentes de bajos ingresos pueden solicitar una exención de tarifas pero después del 2 de octubre ese ya no será el caso ”

La abogada Jamilah Espinosa dice que le sorprende que el costo de solicitud de ciudadanía aumente tanto. Ella dice que los solicitantes ya son residentes legales y han sido evaluados varias veces para poder llegar a ese punto. Son los que menos debieran necesitar ser examinados en comparación a alguien recién llegado. Espinosa explica que cuando USCIS pidió asistencia financiera al gobierno, miembros del Congreso evaluaron el presupuesto de la agencia y encontraron que en realidad sí podrían sustentar sus gastos.

Diego Iniguez-López es dirigente de campañas para la organización National Partnership for New Americans. Él dice que los cambios están destinados a dificultar el camino legal hacia la ciudadanía.

Quieren hacerlo más caro y menos accesible para los inmigrantes de clase trabajadora y bajos ingresos. Quieren hacer el proceso más largo, y luego evitar que la gente se naturalice y pueda votar en las elecciones de noviembre” explicó Iniguez-López.

El Centro de Defensa Legal de Charlotte es una de varias organizaciones que ofrecen apoyo legal a familias inmigrantes a bajo costo. Según Sharon Dove, directora del programa de justicia para los inmigrantes, USCIS ha estado negando exenciones de tarifas a varios de los clientes de la organización.

Actualmente, algunos solicitantes de beneficios de inmigracion pueden obtener ayuda financiera o exenciones de tarifas para cubrir los gastos de una solicitud con tal de que cumplan los requisitos de ingresos y puedan demostrar su dificultad financiera. La nueva regla del aumento de las tarifas reduciría aún más la posibilidad de obtener estas exenciones y ayudas.

Por encima de eso, Dove dice que la pandemia del coronavirus de por sí ha afectado la posibilidad de pagar las tarifas migratorias de sus clientes.

“Como resultado, nuestros clientes generalmente optan por buscar dinero a como dé lugar, a pesar de que los destruye a ellos y a su familia financieramente”, dijo Dove. “La mayoría de las veces piden prestado.”

La abogada Jamilah Espinosa dice que el consejo más importante que puede dar es que las personas sometan sus solicitudes mientras puedan.

“Realmente le suplico a la gente que si es elegible para recibir exenciones de tarifas, no espere en hacerlo. Si es elegible para la ciudadanía y cree que puede aprobar el examen, hágalo ahora. No permita que estas tarifas aumenten y obstaculicen su capacidad para convertirse en ciudadano estadounidense”, dijo Espinosa.

 

Laura Brache

Periodista de La Noticia y WFAE, reporta sobre la comunidad latina. Graduada de UNC Chapel Hill. Trabajó en su alma mater enseñando periodismo audiovisual. Está completando una maestría en Periodismo en la Universidad Syracuse. Miembro del cuerpo de periodistas de Report for America 2020.